La denuncia y clamor por justicia social sigue vigente en México

Por David Valerio Miranda  @ValerioMirand 

Una de las principales características de México es que la mayoría de su población pertenece a las clases trabajadoras y asalariadas, fuerzas que sostienen a una nación que a lo largo de su historia, ha sido castigada por la desigualdad y grandes males como la descomposición social, la violencia y la pobreza. Problemas que no tienen un origen nuevo, sino que se han venido arrastrando desde décadas del siglo pasado, persistiendo también en  las primeras que van del presente.

Los mexicanos soportaron gobiernos que basados en un sistema político clientelar, viciado y sin escrúpulos ni ética, fortalecieron una oligarquía en el país mediante sus recurrentes fraudes electorales y corrupción. En tan desalentador contexto, el proceso electoral de 2018 se mostró como una oportunidad que brindaba “esperanza” de poner fin o intentar superar los grandes problemas que aquejan a México.

Sin embargo, a poco más de dos años el panorama se sigue viendo complicado. Difícil sobre todo para las diversas clases asalariadas y/o trabajadores informales que sobreviven en una situación precaria conocida coloquialmente como “andar al día”, sin posibilidades de mejorar la calidad de vida de sus familias. Si bien, la crisis sanitaria ha permitido que grandes problemáticas se acentúen y el panorama capitalista anterior a la pandemia no era nada alentador, el presente y el futuro se anuncian desoladores sino se genera un verdadero cambio político-económico.

El desempleo sigue creciendo día con día, la inseguridad no da tregua visualizándose mediante decenas de feminicidios, cientos de asesinatos, desapariciones, robos, secuestros y diferentes crímenes que a diario se realizan en los estados del país. La educación pública también parece estar en crisis, pues ante el aumento anual de la demanda estudiantil, la reducción de presupuestos y la quiebra de universidades públicas, se observa una complicada realidad que no se puede ignorar. A todo esto se suma que, dentro del contexto de la pandemia surge la nueva problemática de la educación a distancia y la infraestructura que por ende se necesita para afrontar tan difícil reto.

Cada año en México, cientos de egresados universitarios salen a engrosar las filas del desempleo o la precarización laboral, problemática en la que tampoco se observa la mínima esperanza de ser solucionada. La explotación de los trabajadores sigue muy vigente, pues es común que empleados soporten abusos, despidos, malos tratos, acoso, incertidumbre laboral y trabajar en condiciones infra-humanas. Todo esto ante una nula legislación jurídica que regule dichas problemáticas, además de la ausencia o complicidad de los corruptos sindicatos, mejor conocidos como “charros”.

Las condiciones paupérrimas en las que actualmente se encuentran las clases trabajadoras de México, es en parte causa de administraciones pasadas que desprotegieron dicho sector social, por ejemplo, con la implementación de la reforma laboral (2012), que eliminó derechos como: seguro de salud, sindicalización de trabajadores, generación de derechos por antigüedad, basificación, vacaciones, pensiones y jubilaciones, pago de horas extras o prestaciones como: créditos, primas vacionales y estímulos al rendimiento. Con esta reforma también se legislo la precarización del trabajador mexicano, pues se legalizó la sub-contratación.

A pesar de todo los mexicanos parecen convencidos de no permitir el retroceso de volver a otorgarles el triunfo a los anteriores partidos (PRIAN); pero, cabe señalar que el “nuevo” partido político que llegó al poder, lo hizo mediante una retórica que sostenía “primero los pobres”, entonces ¿Por qué no defender sus intereses ante los capitalistas y echar atrás la pasada reforma laboral, regresándoles sus derechos a los trabajadores, a los pobres?

A pesar de que el partido en turno goza de una mayoría parlamentaria tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, no se ha propuesto ni siquiera una iniciativa que pretenda resarcir la dignidad de la clase trabajadora de México. En los últimos meses se habló de regular el neo-esclavismo de la subcontratación mejor conocido como “outsourcing”, fallida regulación que no significa una nueva y más justa reforma laboral.  

Así, no existe una representación política que realmente se interese, legisle y defienda los derechos de las clases oprimidas, o que realice acciones para brindar mejores oportunidades para los ciudadanos. Mientras tanto la descomposición social y la tensión entre la gente siguen creciendo, ya que, las posibilidades de sobrevivir se dificultan. Si las clases explotadas no dan el paso a una organización que exija la mejora de sus condiciones, la vieja advertencia de Rosa Luxemburgo sobre la barbarie capitalista no se ve tan lejana.

El hecho es que ni con un “nuevo partido político” en la administración federal, se observan cambios significativos que realmente le hagan justicia y valoren la dignidad de los sectores poblacionales más vulnerables de la nación. La clase política sigue alejada del pueblo y agota sus oportunidades de reconstruir el país ¿será que es tiempo de llamar a una verdadera organización y participación popular que defienda los intereses de los oprimidos? Hay mucho que reflexionar, pero la necesidad de cambios profundos en México es urgente.