Participación ciudadana: no todo lo que brilla es oro

 

Por: Carlos Miguel Rodrigues (@Carlosm_rod)

En las últimas dos décadas, se ha fraguado un amplio consenso en torno a la conveniencia de la participación ciudadana en los asuntos públicos. Por un lado, se ha casi universalizado la valoración positiva del vocablo participación, convertido, cada vez más, en un elemento imprescindible de cualquier discurso político. Por el otro, ha proliferado una amplísima gama de instituciones y mecanismos participativos, adoptados por los más disímiles gobiernos en los más diversos ámbitos de la gestión pública.

Esto ha conducido al abuso del concepto y, consecuentemente, al vaciamiento de su contenido. Los decisores políticos parecen obligados a calificar de “participativa” cualquier iniciativa pública si aspiran a revestirla de legitimidad. De igual modo, existen fuertes presiones para adoptar formalmente determinadas prácticas e instancias, como los consejos consultivos o los presupuestos participativos, percibidos como evidencias insustituibles de la vocación democrática o la transparencia de determinados gobiernos.

25178bcc-70ee-4ff0-af99-a9287efe318aConsecuencia de este juego de incentivos políticos, muchas de estas acciones no pasan de ser meras declaraciones de buenas intenciones. En la práctica concreta, no existe real cesión de poder a la ciudadanía ni capacidad de incidencia efectiva en la toma de decisiones. En estos casos, la lógica representativa y burocrática tradicional logra cooptar el valor positivo de lo participativo, legitimando con ello sus decisiones sin cambiar en lo más mínimo la estructura que las produce.

Esta es, quizá, la contracara de la participación; su faceta conservadora. Esclarecer esta confusión es, en buena medida, responsabilidad de la investigación y el activismo participativos. No se trata de negar los valores asociados a la práctica de la participación, como son la socialización democrática de los ciudadanos o la mayor transparencia de la gestión pública, sino de precisar objetivamente las condiciones sociales e institucionales en las que estos valores pueden ser realizados. De otro modo, no se podrá separar el grano de la paja, distinguiendo las experiencias genuinamente participativas, que tienen vocación democrática y transformadora, de aquellas solo nominalmente “participativas”, reproductoras de la estructura política vigente.

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