Nota Especial: 7 opiniones sobre la Ley de Transparencia española

 Por Gisele Parvanoff

Gobierno Abierto, no solo es un paradigma, sino una forma de vida que los ciudadanos deben aprender.

Participación, colaboración y transparencia son los tres pilares fundamentales para construir un “Buen Gobierno” en base al Open Government.

Pero sin la transparencia como prioridad fundamental, los ciudadanos no podrán ejercer su derecho de participar y colaborar en los proyectos de gestión de un Estado democrático.

Todo ciudadano tiene derecho al  acceso a la información pública, es decir, derecho de conocer la información que se encuentra en cualquier administración pública y de quien trabaja allí.

Bajo una Ley de Transparencia todos los funcionarios de la Administración Pública  del Estado, deben dar cumplimiento al principio de transparencia: Respetar y cautelar la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la información que le sirvió de fundamento, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información. (1)

Legitimar el acceso a la información pública, sin trabas

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Pues bien, según la Ley de transparencia de España sus ciudadanos tienen el “derecho de acceso a acceder a información pública en los términos previstos en la Constitución artículo 105.b), entendiéndose como información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su soporte o formato, que obren en poder de la administración y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Así es expresado en el Portal de la Transparencia 

Sin embargo, se deja asentado una serie de límites

  • La seguridad nacional
  • La defensa
  • Las relaciones exteriores
  • La seguridad pública
  • La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios
  • La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva
  • Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control
  • Los intereses económicos y comerciales
  • La política económica y monetaria
  • El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial
  • La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión
  • La protección del medio ambiente

¿Una Ley de Transparencia elimina la corrupción?

PolCom tiene el gusto de ser el canal de diferentes opiniones de profesionales de la administración pública y la gobernanza.

Compartimos con Ustedes las diferentes opiniones de:

– Juan Carlos Calderón. Consultor de Comunicación política y de Gobierno. Coordinador ACOP Andalucía

– Jose L. Sahuquillo Orozco. Director GOBERNATIA.GBN Marketing Político.GBN Open Government

– Fran Carrillo. Director La fábrica de discursos

– Antonio Galindo especialista en e-administración y Open Data Administración pública del ayuntamiento de Lorca.

– Antonio Ibáñez Pascual. Responsable de Gobierno Abierto en la Junta de Castilla y León

– Enrique Benitez. Parlamentario de Andaluz por la provincia de Málaga.

– Francisco Rojas Martín. Cofundador de la red social de administración pública NovaGob.

IMG_20150119_180508Opinión de JUAN CARLOS CALDERÓN, Consultor de Comunicación política y de Gobierno. Coordinador ACOP Andalucía

La Ley de Transparencia de España que se acaba de aprobar es un buen comienzo para que los ciudadanos fiscalicen la actividad administrativa y de los gobiernos de nuestro país pero es una norma que nace con algunas carencias.

Entre ellas el no reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental o las dificultades de registro para acceder a la información que hay disponible, que tampoco es toda la que existe.

 

No obstante es un importante paso teniendo en cuenta que ha sido uno de los últimos países de Europa en contar con una normativa en este sentido, aunque también creo que la transparencia es más una actitud que una ley.

Con esta norma y con el portal de transparencia de la Administración general del Estado (porque autonomías y ayuntamientos tienen una moratoria de dos años para la aplicación de esta norma) los ciudadanos podrán conocer más y mejor donde se gastan sus impuestos, algo que vienen reclamando desde hace tiempo.

También es una importante oportunidad para que los medios de comunicación y periodistas ejerzan su papel de fiscalizadores de la actividad pública y denuncien aquellos casos en los que se privan de acceso a la información.

Como conclusión es un buen paso para comenzar pero hay que seguir avanzando para garantizar la total transparencia como establecer medidas que han puesto en marcha otros países como sanciones más duras cuando no se facilita información o que los ciudadanos tengan acceso a los documentos que le ha denegado una institución.


 

IMG_20150119_180703Opinión de ANTONIO GALINDO, Especialista en e-administración y Open Data Administración pública del ayuntamiento de Lorca

Llamada ley de transparencia española fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 10 de diciembre de 2013, y digo llamada ley de transparencia porque regula además de la transparencia, el acceso a la información pública y el “buen gobierno”.

De este modo España abandonaba el club de los países sin ley de acceso a la información, en Europa era el único país de mas de un millón de habitantes que no contaba con legislación de este tipo.

El título II dedicado al buen gobierno entró en vigor al día siguiente de su publicación, haciendolo un año después el título preliminar, el título I (referido a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública) y el título III (referente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) para la Administración General del Estado. La disposición final novena otorga un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones de la ley a Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Tenemos con ello que a partir del 10 de diciembre esta ley está plenamente operativa en el sector estatal. Tendremos que esperar un año más para verla en funcionamiento en el resto de administraciones españolas.

Después de tanto tiempo sin legislación específica sobre transparencia y acceso a la información pública, esta ley ha venido a llenar ese enorme hueco. Tras años de demanda por parte de organizaciones civiles y ciudadanos la ley nace con una serie importante de carencias. Hay quien la define como un ley de mínimos, incluso como una oportunidad perdida.

Aún coincidiendo plenamente con esta visión, soy de los que gusta ver la botella medio llena, y pensar en positivo. Esta ley deberá ser la herramienta en base a la cual los ciudadanos ejercitaremos nuestro derecho de acceso a la información pública, y obliga a las administraciones públicas a publicar de forma proactiva una serie de información en sus webs o portales de transparencia, lo cual es un gran acierto desde mi punto de vista: si publicamos la información por defecto ahorraremos costes en la gestión de peticiones de información.

Entre los fallos más aclamados por parte de diversas entidades se encuentran los siguientes:

– No reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental

– La información no es accesible en formatos abiertos

– El silencio administrativo es negativo

– Esta ley no contine medidas adecuadas para hacer frente a los incumplimientos

– No hay una supervisión independiente

Somos un país con exceso de regulación y defectos en su cumplimiento, pero tenemos que tener muy claro que con legislar no está todo conseguido.

Centrándonos exclusivamente en la regulación he de hacer hincapié en un riesgo: que tras la publicación de la ley todo siga igual. Como dijo el profesor Valero Torrijos en las jornadas “De la Transparencia al Open Data”, realizadas en Murcia en Diciembre de 2013, las consecuencias jurídicas de su incumplimiento son prácticamente inexistentes. Quien decide qué se publica o no se publica no suele ser un funcionario, sino un órgano administrativo, o su titular, que está excluido del ámbito de aplicación subjetivo de la potestad disciplinaria de la administración. El problema es que sin sanciones la aplicación de la ley no será efectiva.

El ciudadano percibe que a pesar de haber una ley, ésta no se va a cumplir.

En definitiva soy de los que opinan que el camino más largo comienza con un solo paso, pero coincido con las críticas a esta ley: hemos tomado demasiado tiempo para dar un paso tan pequeño.


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Opinión de ANTONIO IBAÑEZ PASCUAL, Responsable de Gobierno Abierto en la Junta de Castilla y León

Tener por fin una Ley de Transparencia en España creo que, de partida, es una buena noticia. También es cierto que debería haber sido más ambiciosa, abarcando más entidades y, especialmente, obligaciones sobre qué información publicar.

Ahora bien, yo creo que lo realmente importante es ver cómo se lleva a cumplimiento la Ley: cuánto se detalla la información, hasta qué punto se publica en formatos reutilizables, en qué plazos se responden a las peticiones de información y cuántas de ellas acaban en silencio administrativo…

La voluntad política y el compromiso de los empleados públicos harán que estos factores puedan hacer buena una ley que no convence a muchos, o terminar por darles la razón. Para comprobarlo, estaremos atentos en las próximas fechas”.


 

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Opinión de FRANCISCO ROJAS MARTÍN, Cofundador de la red social de administración pública NovaGob

La puesta en marcha del portal de transparencia de España supone un punto de partida más que una estación de llegada. Como saben, España llega con gran retraso en la aprobación de una ley de transparencia respecto de la mayoría de los países de su entorno. Quizás por ello, existe una mayor exigencia por parte de los ciudadanos para lograr una gobernanza abierta e participativa.

En este sentido, tanto la Ley de transparencia como el portal de transparencia nacen cojos desde un comienzo. En su tramitación y aprobación, la Ley no contó con el consenso imprescindible para una norma de estas características de todos los representantes del Parlamento.

Por su parte, el recién publicado portal de transparencia se ha puesto en marcha de la manera más oscurantista posible a espaldas de la sociedad civil. Como resultado, contamos con una Ley insuficiente en cuanto al régimen de sanciones y que no supera la potestad de silencio administrativo por parte de las instituciones públicas, y con un portal de transparencia complejo de utilizar para los ciudadanos e incompleto porque entre otras cuestiones tan solo aporta datos de la Administración General del Estado (gobierno central) pero no de las regiones ni de los ayuntamientos.


 

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Las reglas del juego están cambiando

Opinión de ENRIQUE BENÍTEZ, Parlamentario de Andaluz por la provincia de Málaga

En un momento de descrédito de las instituciones democráticas en casi todas las democracias occidentales, y siendo el término “desafección ciudadana” uno de los elementos clave de la actualidad política en buena parte de Europa Occidental, la transparencia ha sido acogida como una de las claves de la recuperación de la confianza de la ciudadanía en sus políticos, en los partidos y en las instituciones. Hay un consenso básico en torno a la necesidad de gobernar y de gestionar los recursos públicos con más transparencia y con más participación de la sociedad, y este consenso se refleja en la aprobación de leyes similares en Comunidades Autónomas como Andalucía (gobernada por una coalición de izquierdas de PSOE con Izquierda Unida) o de ordenanzas municipales en Ayuntamientos de todos los colores políticos.

Sin embargo, la fórmula mágica para la recuperación de la confianza de los ciudadanos no existe, y desde luego sería iluso rebajarla al debate y aprobación de una batería de medidas a favor de la Transparencia. Poner todo el foco de la resolución de un problema tan grave exclusivamente en la necesidad imperiosa de activar mecanismos de transparencia en la administración pública o dentro de los partidos políticos supone errar en el diagnóstico y, por lo tanto, derivar la terapia hacia medidas de baja intensidad. Se corre el riesgo cierto de alimentar unas expectativas desorbitadas sobre el impacto y alcance de la transparencia, y eso puede volverse en contra de una necesidad real de cambio, pero que en absoluto es el único cambio que se requiere para cambiar el rumbo de la situación.

Por lo tanto, la primera valoración sería casi matemática: la transparencia es una condición necesaria pero no suficiente para que se produzca la recuperación del crédito social en el sistema político. De la misma manera –perdonen esta intromisión de economista- que las medidas del Banco Central Europeo de inyección de liquidez no se han traducido en una recuperación del crédito concedido, al menos en España, la aplicación de las medidas contempladas en la Ley de Transparencia no van a conseguir por ellas solas un cambio de actitud de los ciudadanos hacia la política y la desprestigiada clase política.

Respecto a su puesta en marcha, las primeras semanas de funcionamiento del portal de transparencia han puesto de manifiesto dos cuestiones importantes. La primera, la escasa convicción del Gobierno en su propia Ley. La segunda, el uso casi infantil que están haciendo los medios de comunicación de una herramienta tan formidable como ésta.

Por partes. El Gobierno ha habilitado un portal de transparencia en el que ha volcados numerosos datos y documentos que ya se conocían y que eran públicos. Documentos en formato pdf y otras muchas informaciones que un buen rastreador de boletines oficiales ya tenía a su alcance.

La transparencia no es eso, no consiste en poner en marcha una especie de trastero administrativo con información dispersa, difusa y poco interesante. La apuesta institucional por el portal de transparencia está, hoy por hoy, muy por debajo de las expectativas creadas. Y lo más grave es que ya sabemos que crear expectativas elevadas para luego no cumplirlas es el primer paso para desactivar, esta vez desde dentro, la importancia real de la transparencia, que es una importancia cierta e indiscutible.

Por su parte, los medios de comunicación han ido directamente al grano: los sueldos de los altos cargos. Los intermediarios sociales que son los medios de comunicación no han hecho sus deberes, no se han formado en transparencia y se han dedicado a rebuscar datos polémicos en busca de titulares fáciles. Ha sido muy triste comprobar que lo que debía ser un cambio de cultura –para las instituciones, para los partidos, para los medios, para las personas- ha tenido una utilidad poco menos que anecdótica. Embarcados en una carrera implacable y casi suicida de poner en cuestión todo el sistema, los medios han retratado su propia y alarmante mediocridad de la mano de la puesta en marcha del portal de transparencia y su simplista e inmadura explotación periodística.

En este sentido, quizás sólo quede confiar en la sociedad civil y en plataformas como Access-Info o Fundación Civio, por ejemplo. Plataformas que, desde mi punto de vista, son todavía débiles y tienen mucho que demostrar. Lo que no es un obstáculo para que sean ellas, y no los medios tradicionales, quienes de verdad sean capaces de traducir a los ciudadanos la importancia del camino elegido. Aunque se haya elegido a regañadientes y obligados por las circunstancias.

En definitiva, hay que dar la bienvenida a esta Ley de Transparencia, a la que muchos han calificado como “insuficiente”, y apostar por su desarrollo completo. Es obvio que hoy por hoy este tipo de medidas constituyen casi un clavo ardiendo al que asir la credibilidad de un sistema político herido de muerte por cuestiones tan graves como la corrupción, la endogamia, la ineficacia, la mala gestión, el clientelismo, la opacidad o la arbitrariedad en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, aunque no sea suficiente con la transparencia, sí que estamos hablando de algo necesario.

Ahora bien, como todas las herramientas, su utilidad real y su eficacia regeneradora de la vida política vendrá determinada por el uso que todos hagamos de ella: instituciones, partidos, medios de comunicación, políticos, sociedad civil, ciudadanos en general. Los primeros días de funcionamiento han sido decepcionantes desde muchos puntos de vista. La transparencia supone elevar el nivel de exigencia: para las instituciones y partidos, sí, pero también para quienes se van a beneficiar de ella. Y lamentablemente a día de hoy este esencial cambio de paradigma no ha ido de la mano de un cambio de mentalidad colectivo. Y aquí empieza la segunda parte de esta compleja aventura.


 

IMG_20150119_180641Opinión de FRAN CARRILLO, Director La fábrica de discursos

La actual Ley de Transparencia impulsada e implementada por el Gobierno de España no ha dejado contento a casi nadie. Primero por la tardanza en su puesta en marcha, fruto de la presión de diferentes colectivos y de una ciudadanía cansada de tanta opacidad. Y segundo porque tampoco se puede decir que sea 100% transparente ni que facilite el acceso de la información de todos los datos que allí deben estar: ingresos, gastos, presupuestos, balances, movimientos, inversiones, actividades, propuestas, leyes, etc.
Una de las quejas más denunciadas es que solo se pueden presentar solicitudes pero dentro de un proceso largo y complejo donde te piden identificación personal (DNI) y en el que acabas desistiendo por aburrimiento. Al no ser un proceso administrativo, sino un derecho fundamental dicho acceso a la información (como reconoció el Consejo General del Poder Judicial), este requisito se podría eliminar.

La gente quiere más actuaciones de transparencia, es decir, confiabilidad en el sistema, accesibilidad pública, sinceridad en los procesos. Solo desterrando la opacidad en la política podrá regresa el crédito en quienes la ejercen.

Hace falta sobre todo, más colaboración con los ciudadanos, más apertura con los diferentes colectivos encargados de recoger y difundir esta información y más información periódica, aunque esto no significa que sea constante y al minuto, porque un Gobierno tampoco es una agencia de noticias que deba funcionar a golpe de boletín.

Hacen falta más pasos para ser confiables, transparentes y próximos.


 

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La encrucijada parlamentaria por la transparencia

Opinión de JOSÉ L. SAHUQUILLO,CEO de Gobernatia, Escuela de Liderazgo y Alto Gobierno

Aunque el anterior presidente del Gobierno español, Jose Luis Rodríguez Zapatero, concurrió a las elecciones generales de 2011 con la promesa electoral de aprobar una ley de transparencia, no fue hasta llegado el gobierno del actual presidente Rajoy, cuando el Parlamento español se puso a trabajar en ello.

Y es que la Ley 19/2013 de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró por la puerta de los leones (Congreso de los Diputados español) bajo la tipología de proyecto de ley (según la Constitución Española esta tipología de iniciativas legislativas provienen de la iniciativa gubernamental).

Ello hace que se convierta en una ley de alto calado político, con una extensión relativamente baja y sencilla para los que acostumbramos a leer códigos y legislación española.

La ley de transparencia española entró en fase parlamentaria “algo gafada”, ya que el Consejo de Ministro decidió que para una ley de este tipo se requería la consulta pública online. Durante este periodo, la página web recibió un total de 78.107 visitas y se recibieron en el buzón Transparencia 3669 correos electrónicos con observaciones. Asimismo, se contabilizaron 14 entradas por registro, lo que hacen un total de 3683 observaciones (el documento oficial con las conclusiones se puede leer aquí ).

Pero todo ello se hizo obviando lo más importante,  y es que el Gobierno español no confirmaba qué “observaciones” había aprobado para incluirlas en el proyecto de ley, por lo que la ciudadanía más involucrada en la causa no conocía se habían tenido en cuenta sus demandas.

Una vez en debate parlamentario, el proyecto de ley de transparencia obtuvo gran interés por parte de los “mass media” españoles, incluso por los medios de tirada nacional comerciales (ya no sólo los especializados). Cada día nos tomábamos el café con alguna propuesta, alegación u observación de algún diputado o grupo parlamentario (o en algunos casos algún informe de parte de la sociedad civil española). Además, todos los españoles percibimos que el tema interesaba mucho a los representantes políticos, ya que hay que recordar que en más de 35 ocasiones se amplió el plazo de enmiendas parlamentarias (tanto a la totalidad como al articulado) incluyendo además una fase de comparecencias públicas de expertos y académicos.

Entre todo ello el debate parlamentario giraba en torno a numerosos casos de corrupción: Caso Bárcenas; límites al acceso a la información: por ejemplo en el caso de la Casa Real española, los partidos políticos o los sindicatos. Muchas de estas reivindicaciones se han ganado por parte de la ciudadanía española, y aunque se han recogido en la ley de transparencia española, se ha hecho de una forma vacua y permisiva.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno quedó definitivamente aprobada en el Congreso de los Diputados el 28 de noviembre de 2013, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).Y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 10 de diciembre de 2013.

En sus disposiciones finales recogen una serie de “vacatio legis” para que las Comunidades Autónomas y entidades locales puedan adaptar su “hnow how” a esta, reducida pero necesaria, ley de transparencia.

Este año 2015 España vive su año electoral por antonomasia y las diferentes Administraciones Públicas están regulando sus propias leyes de transparencia (bien por necesidad o por rédito electoral). En este sentido hay que concluir afirmando que muchas Comunidades Autónomas como Cataluña, Andalucia o la Comunitat Valenciana están yendo más al detalle en sus pretensiones con la transparencia y buen gobierno.

Sin duda alguna, una encrucijada parlamentaria que pretende acabar con la corrupción en España. Ahora bien, ¿cambiarán las cosas en un país acostumbrado a levantarse cada día con casos de corrupción?. Como decía aquella película americana: ”la respuesta está ahí fuera”.

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Política Comunicada

Política Comunicada es un medio digital sobre innovación tecnológica y política en la gestión pública de los gobiernos locales Iberoamericanos.

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