La legitimidad de los Parlamentarios del Mercosur

Por Francisco Tomás González Cabañas para Política Comunicada

Sancionada la Ley N.º 27.120 en el período en donde maratónicamente se aprueban las resoluciones y declaraciones más desopilantes que se les pueda ocurrir (el día nacional del….) horas después de la navidad y minutos antes del año nuevo, la norma establece (artículo 18) que la ciudadanía argentina eligió a estos nuevos representantes en la última elección nacional de octubre, de un parlamento supranacional (algo inédito en nuestra composición política) de un congreso que no tiene siquiera fecha cierta de funcionamiento y por ende, tampoco expresa su real dimensión en su razón de ser, despojándole al ciudadano de la información básica como para elegir representantes de algo que no se determinó sus naturaleza representativa ni tampoco su funcionamiento. El gobernador de Corrientes, la provincia que habito,  lo calificó de “aberración jurídica” y los legisladores nacionales afines bien podrían actuar en consecuencia como para amparar al ciudadano en lo que claramente podría significar el lesionar su potestad delegativa.

Como si le faltase un agregado a la aún no reconstruida relación entre representantes y representados, en enero de 2015 fue promulgada la ley 27.120, sancionada un 29 de diciembre (sí era un día antes se podía llegar a pensar que era una disposición por el día de los inocentes), que en el artículo 18 determina que los ciudadanos argentinos debemos elegir a estos parlamentarios del Mercosur, en este turno electoral donde entre otras cosas elegiremos Presidente.
Podríamos aburrir, cansar y tamizar con cientos de hojas de argumentación, demostrando como esta convocatoria atentó contra el sistema mismo de nuestro sistema representativo, pues se nos impelió a delegar nuevamente nuestra potestad ciudadana (base del contratismo y por ende de todas las representaciones) hacia una figura en abstracto, que pertenecería a un ámbito, o congreso o parlamento, también en abstracto y que no tiene fecha cierta de funcionamiento, como tampoco ha sido explicada, comunicada e informada, con el necesario tiempo de antelación, en lo que es o representa su razón de ser (es decir sí algunas de las tantas encuestadoras que se repiten en cualquier medición, trabajara sobre esto, concluiría que más del 90% no sabría para que sirve un parlamento del Mercosur o que funciones posee) por ende cae de maduro que las apabullantes argumentaciones se corresponderían con lo atentatorio del sistema representativo el seguir acatando esta norma, el daño que ya realizó y se extiende en el tiempo, que como tantas otras leyes, lamentablemente, parecería estar hecha a molde para los intereses de la clase política y en detrimento de la ciudadanía que no forma parte de la misma.
mercosur-pyPodríamos seguir y continuar desmenuzando, todo lo gravoso que significó que fuésemos instados a elegir algo que no sabemos cuándo comenzara ni para que, dejando sobrevolando en el éter la sensación, que contribuye a percudir la débil relación de legitimidad entre representantes y representados,  de que se creó una nueva capa, un nuevo núcleo, una bancada de casi cien “políticos” más que se sumarán a esa suerte de cofradía que conforman, llevándose con ello nuestro sistema que más que democrático se inclinaría a una suerte de oligogracia populista o plebiscitaria.
Más allá de no ser autorreferencial, en mi último ensayo que  fue editado en Alemania acerca de filosofía política de reconstrucción del contrato social, y lo que defino como “Voto Compensatorio” (que las personas debajo de la línea de la pobreza, su voto sea computado doble, a los efectos de compensar la ausencia soberana del estado en sus vidas para condenarlos a la pobreza en la que está), consideró por ello, que más allá de la honestidad intelectual del Gobernador que se refirió a esta imposición normativa como “Aberración jurídica” que debe instar a los legisladores nacionales afines y al resto de su fuerza política, a que realicen las presentaciones institucionales ante los organismos pertinentes. Es el principal actor político de una provincia, y el haber realizado ese comentario, lo sitúa en un lugar en donde debe accionar para evitar lo que definió como una tropelía, como sujeto de derecho y obligaciones, él no puede ser un comentarista u opinólogo de la realidad, la ciudadanía lo eligió para conducir los destinos de la provincia y defender sus derechos, uno de los principales, es el que puede estar siendo dañado, el derecho político de ser instados a elegir, a ser representados, por figuras vacías o en abstracto.  Ni siquiera se plantea su pertenencia al espacio político del actual Presidente, a Cambiemos, o que por tal pertenencia, pueda plantear la cuestión en el ámbito del ministerio del interior, que mediante una de las tantas secretarias bajo su órbita, se muestra tan pro activo por la reforma electoral. La pregunta clave del presente artículo es ¿Qué tema más urgente e importantes a resolver, antes incluso que se siga judicializando, dado que algún parlamentario argentino ya denunció al gobierno nacional por no percibir su sueldo, que clarificar este desaguisado político supranacional que sigue horadando el frágil vínculo entre representantes y representados?.
Está en juego, la legitimidad, no es poca cosa, es mucho más que un acto electoral, que el cotillón que de ello se desprende y del circunstancial poder que se pueda obtener (en realidad arrancar) de estas convocatorias, mañosas, pérfidas y perversas que lo único que hacen es alejar a quiénes no tienen algo que ver con la política, de la política, instándolos a que alguna vez prescindan del mínimo vínculo que aún sostiene a representantes de representados. Mostrándonos ante el mundo, de la forma más abyecta en relación a nuestro sistema político y democrático; el representativo, al que decimos respetar y por ello, considerarlo como la piedra basal de nuestro contrato social.

Política Comunicada

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