LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS: El caso español

Por Laura Zineb Muñoz

En España, son varios los textos legales que ratifican la importancia adquirida por la evaluación en las últimas décadas. Podemos citar, entre otros;

1.-La Constitución Española, en su artículo 31.2 dice: “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Así, los gestores públicos tendrán la responsabilidad de asignar, redistribuir y controlar los recursos bajo la aplicación de los criterios anteriormente citados.

2.-El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 138, recoge: “La ley regulará la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas”. En la última convocatoria electoral al Parlamento Andaluz el pasado mes de marzo, algunos candidatos electorales incluyeron en sus programas electorales la necesidad de cumplir dicho artículo y de incorporar «herramientas de planificación y evaluación para garantizar la máxima eficacia de la gestión«.

3.-La Ley General Presupuestaria, en su artículo 72, establece: “El Ministerio de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinará la evaluación continuada de las políticas de gasto, con la finalidad de que las mismas alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden”.

Institucionalizar la evaluación en España es una condición suficiente y necesaria después de la existencia de una normativa que la respalda y de una práctica ejercida en los últimos años de manera continuada. Pero, la experiencia demuestra que los avances han sido mayores en cuanto a legislación se refiere que a organizaciones públicas con competencias de evaluación y control asignadas.

Laura Muñoz Economista. Recientemente, ha trabajado como Asesora en el Gabinete de la Primera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla. Durante estos años, ha estado inmersa en la captación de inversores (nacionales y extranjeros) con el fin de modificar el modelo productivo de nuestra ciudad mediante la materialización y establecimiento del Proyecto Zona Franca de Sevilla y, con ello, consolidar la recuperación y crecimiento económico de la ciudad. Además, junto a este proyecto, ha realizado todas aquéllas funciones de asesoramiento económico y político que llevaba aparejada la Delegación de Relaciones Institucionales. Inició su labor como consultora estratégica, participando en proyectos dirigidos siempre hacia la Administración Pública, en este caso, Ministerio de Medio Ambiente. Continuó en la Agencia para la Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía tras la reordenación del Sector Públicoadscrita a la Consejería de Agricultura. Además, entre otras funciones: – Programa Operativo Sevilla 2014-2020 (Inversiones Territorializadas Integradas) – Fondos Europeos – Smart Cities – Colaboración Proyecto CSI Europe
Laura Muñoz
Economista. Recientemente, ha trabajado como Asesora en el Gabinete de la Primera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Sevilla. Durante estos años, ha estado inmersa en la captación de inversores (nacionales y extranjeros) con el fin de modificar el modelo productivo de nuestra ciudad mediante la materialización y establecimiento del Proyecto Zona Franca de Sevilla y, con ello, consolidar la recuperación y crecimiento económico de la ciudad. Además, junto a este proyecto, ha realizado todas aquéllas funciones de asesoramiento económico y político que llevaba aparejada la Delegación de Relaciones Institucionales.
Inició su labor como consultora estratégica, participando en proyectos dirigidos siempre hacia la Administración Pública, en este caso, Ministerio de Medio Ambiente. Continuó en la Agencia para la Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía tras la reordenación del Sector Públicoadscrita a la Consejería de Agricultura.
Además, entre otras funciones:
– Programa Operativo Sevilla 2014-2020 (Inversiones Territorializadas Integradas)
– Fondos Europeos
– Smart Cities
– Colaboración Proyecto CSI Europe

Antes de la creación de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (en adelante, AEVAL) en enero de 2007, toda evaluación realizada debía seguir los criterios y condiciones marcados por la UE en los programas de financiación comunitaria. La evaluación de estos planes y programas supuso la incorporación de la cultura de la evaluación por parte de sus responsables. Gracias a ellos, la evaluación fue abriendo su ámbito de actuación, centrándose posteriormente en la operatividad de las políticas públicas.

España, al incorporarse de una manera más tardía a la institucionalización de la evaluación, ha sabido aprender de los errores cometidos en países vecinos de la UE, conociendo desde el inicio el enfoque que requería la evaluación en las políticas públicas.

La AEVAL realiza evaluaciones de las políticas encargadas anualmente por el Consejo de Ministros, entre las que figura una evaluación anual del grado de aplicación y de éxito de las principales medidas ejecutadas.

Tras la creación de la AEVAL, España da un paso hacia adelante en cuanto a materia de evaluación de políticas públicas se refiere. Eso sí, con diferentes niveles de intensidad según nos encontremos ante un plano nacional, regional o local.

En el plano nacional, con la creación de la AEVAL, se demuestra que la Administración toma conciencia de la importancia de la evaluación como práctica institucional.

En el plano regional, prácticamente todas las Comunidades Autónomas vislumbran la evaluación de políticas públicas en sus estatutos (como hemos mencionado anteriormente, en el caso del Estatuto de Autonomía de Andalucía, su artículo 138) y son llevados a la práctica mediante la institucionalización. Es destacable, la creación de Ivalúa por parte del Gobierno Catalán, organismo promotor de la evaluación de políticas públicas y de programas para mejorar su efectividad, la eficiencia y la transparencia hacia la ciudadanía. Ejemplo de ello, también cabe mencionar la Comisión Foral de Evaluación de Navarra, órgano colegiado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra  encargado del ejercicio de la competencia de evaluación, de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos. Por último, mencionar la intención del Gobierno Vasco de impulsar la creación de un Consejo de Políticas Públicas de Euskadi que facilite la coordinación sectorial entre las instituciones.

En el plano local, los Ayuntamientos también contemplan la evaluación como herramienta a desarrollar y de aplicación  en sus gobiernos con el fin de re-dirigir sus actuaciones hacia los objetivos previamente diseñados.

Para ir finalizando, si el diseño e implantación de planes y programas plurianuales van de la mano de la institucionalización de la evaluación, esto supondría que la Administración planificaría y evaluaría su propia política pública a lo largo de ciclos que, en la mayoría de los casos, abarcarían cada legislatura. Eso sí, con la existencia de unas políticas lo suficientemente articuladas y flexibles que permitan dar respuesta a los problemas públicos con independencia de su surgimiento al inicio, durante o al final de la legislatura.

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Política Comunicada

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