El diseño institucional de la participación, sus retos y dificultades

Por: Carlos Miguel Rodrigues (@carlosm_rod)

Participar está de moda. Donde quiera que fijemos nuestra atención hallamos declaraciones favorables a la participación, convertida en principio esencial y referente insustituible de paradigmas emergentes como el de buena gobernanza, gobierno abierto y desarrollo local. Sin embargo, como advertía en un post anterior, tan amplio y feliz consenso esconde diferencias y dificultades no poco relevantes. En particular, en los discursos participacionistas que circulan en el mundo político suele obviarse el asunto complejo y fundamental del diseño institucional de los procesos y mecanismos participativos.

La calidad de la participación depende tanto de su diseño institucional como del tipo de contexto en el que se inserta. Generalmente, los mecanismos participativos se instalan en un marco institucional dominado por las instituciones representativas. La mayor amenaza en su contra radica, precisamente, en que las lógicas de la delegación política y la tecnocracia gerencial subordinen la instancia de participación y la conviertan en un instrumento funcional a los intereses políticos dominantes.

Politólogo con estudios de postgrado en Gerencia Pública y Planificación del Desarrollo. Mis áreas de interés incluyen: participación ciudadana, planificación estratégica, desarrollo local y fortalecimiento institucional. He podido conciliar en mi experiencia laboral las actividades profesionales de la gestión pública con las actividades académicas del sector universitario. Esto me ha permitido desarrollar mis capacidades para participar tanto en proyectos de investigación como en proyectos de gestión. En los equipos de trabajo en los que participo procuro aportar capacidad de análisis, organización, orientación al logro y compromiso con la calidad. Adicionalmente, intento mantenerme activo como como comentarista independiente del entorno político y la gestión de gobierno.
Politólogo con estudios de postgrado en Gerencia Pública y Planificación del Desarrollo. Mis áreas de interés incluyen: participación ciudadana, planificación estratégica, desarrollo local y fortalecimiento institucional. He podido conciliar en mi experiencia laboral las actividades profesionales de la gestión pública con las actividades académicas del sector universitario. Esto me ha permitido desarrollar mis capacidades para participar tanto en proyectos de investigación como en proyectos de gestión. En los equipos de trabajo en los que participo procuro aportar capacidad de análisis, organización, orientación al logro y compromiso con la calidad. Adicionalmente, intento mantenerme activo como como comentarista independiente del entorno político y la gestión de gobierno.

El antídoto contra esta desviación reside, en buena medida, en la calidad del diseño institucional. Diseñar una práctica participativa implica definir las reglas, normas, objetivos, estructuras y procedimientos que regirán su funcionamiento. Todo proceso de participación constituye un intento más o menos planificado por modificar patrones de interacción y decisión establecidos. En general, estos patrones que pretendemos transformar suelen deber su vigencia no solo a normas formalmente establecidas –una ordenanza, por ejemplo- sino a pautas interiorizadas por la costumbre, los convencionalismos y las creencias. Modos de interacción tan ética y políticamente cuestionables como el clientelismo y el personalismo suelen estar fuertemente arraigados debido a su colonización de las prácticas cotidianas e informales.

En ese sentido, el desafío del diseño participativo radica en introducir patrones alternativos de interacción social que no solo resistan los intentos de cooptación de las prácticas tradicionales sino que, incidiendo en las estructuras de incentivos de los actores, las desplacen y superen. La doble dimensión del cambio implicado –formal e informal- exige diagnosticar estratégicamente el contexto en el que se va a establecer la experiencia participativa, coordinar adecuadamente sus bases de apoyo político y social y, sobre todo, valorar la dimensión y alcance de sus objetivos.

En el diseño institucional se juegan decisiones políticas fundamentales sobre los valores y propósitos a los que se subordinará el proceso. La principal distinción separa los diseños que persiguen mejorar la eficacia o legitimidad de la gestión pública de aquellos otros que se plantean la transformación democrática de la relación Estado-sociedad. Mientras que los primeros, de carácter instrumental, privilegian una participación funcional y utilitaria, acorde con una mejora de las capacidades gubernamentales sin modificar su esencia y estructura, los segundos, de carácter sustantivo, estimulan una participación valorativa y crítica, alineada con fines sociopolíticos como el fortalecimiento de los tejidos asociativos, la socialización democrática de los ciudadanos, el desarrollo de la deliberación pública y la inversión de prioridades gubernamentales.

Esta elección tiene fuertes implicaciones políticas, en la medida en que la opción por cualquier alternativa genera redistribuciones de poder entre grupos y actores políticos, sociales y administrativos. De lo que se trata cuando definimos el diseño institucional de la participación es de determinar quién decide qué, cómo y cuándo, lo que evidentemente puede generar resistencias y conflictos.

Estas dinámicas de oposición y bloqueo complejizan aún más el proceso de implementación de los diseños institucionales. Un diseño normativo claro y coherente suele no bastar si no se disponen de los medios y estrategias adecuadas para velar por el efectivo cumplimiento de las normas, reglas y procedimientos establecidos. Inicialmente, la resistencia y manipulación de los adversarios de la participación –los que contaban con acceso privilegiado a la toma de decisiones-, respaldados en los propios costos que involucra participar, obligarán a la obtención de “victorias tempranas”, que permitan reflejar la idoneidad de la participación y legitimar sus ventajas sustantivas. Esta capacidad de superar la fase crítica inicial es determinante de la posibilidad de institucionalizar el experimento, es decir, de trascender la validez formal e interiorizarse en los códigos y creencias informales de los actores.

Solo a fuerza de resultados eficaces y legítimos, producto de un adecuado diseño institucional y de su efectiva implantación, un proceso participativo puede consolidarse y perdurar. Aunque el desafío es inmenso, ejemplos como el presupuesto participativo de Porto Alegre –tema de nuestro próximo post- nos permiten albergar esperanzas.

 

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