Desigualdad y protección de derechos en línea

Por Betilde Muñoz

El Internet es un espacio que abre oportunidades para realizar derechos, para participar y para conectarnos. Sin embargo, el hecho es que en las Américas, la mayoría de las personas no están en condiciones de acceder a ese derecho, especialmente los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La exclusión digital termina entonces siendo una dimensión más de las muchas desigualdades que existen en nuestra región.

El Internet es un espacio q abre oportunidades p/realizar derechos, p/participar y p/conectarnos. Sin embargo, el hecho es que la mayoría de las personas no acceden a ese derecho, especialmente los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El reciente estudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Interamericano del Niño (IIN) titulado “Lineamientos para el Empoderamiento y la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Centroamérica y República Dominicana” (disponible aquí: Informe Regional) constata que los niños, niñas y adolescentes que provienen de hogares menos favorecidos o asisten a escuelas en zonas marginadas que no cuentan con las instalaciones o los servicios para poder contar con dicha conectividad, están siendo negados de su derecho de aprovechar las potencialidades de internet. Este es un reto que como región debemos atender.

Betilde Muñoz Directora de Inclusión Social de la OEA Síguela enTwitter: @BeticaMunozPogo

Los retos también persisten una vez se conectan. En América Latina y El Caribe cerca del 40% de las niñas, niños y adolescentes utiliza internet sin compañía de un adulto, lo que sugiere un nuevo escenario, que presenta nuevos riesgos, nuevas formas de violencia y vulneración de la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el 34 % de los delitos cibernéticos que se comenten son contra la niñez. Entre los delitos identificados por el Informe Regional de la OEA se encuentran la pedofilia, la extorsión, el grooming, el ciberacoso, el abuso sexual, el robo de identidad y de información, entre otros.

Como padres, maestros y autoridades del estado a cargo de velar por el goce de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tenemos la tarea de encontrar maneras de protegerlos en el uso de las tecnologías, y especialmente cuando usan redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat y otros, que mantienen a los niños, niñas y adolescentes conectados todos los días, todo el tiempo. Es inevitable cerrarlos al mundo conectado en el que vivimos.

Para aprovechar los beneficios del Internet, la respuesta no está solamente en garantizar más ese acceso. Sin duda nos queda pendiente cerrar esa brecha digital. Pero una vez acceden, son tres las recomendaciones para enfrentar estos retos. A los estados, continuar avanzando en legislación que tipifique estos delitos y establezca sanciones para quienes los cometen. Es igualmente importante dotar de recursos y capacidades a las instituciones a cargo de proteger a la niñez y de perseguir a los agresores. Las escuelas también deben ser parte de esta ecuación. A los padres, sensibilizar, capacitar y empoderar a los niños y jóvenes en el uso de las tecnologías, que conozcan sus derechos, y actúen con precaución. El Informe de la OEA demuestra que la mayoría de los niños y jóvenes se conectan en entornos inseguros como cibercafés, utilizando diversos dispositivos (celulares, computadoras u otros) sin supervisión ni acompañamiento de un adulto responsable. Los padres y madres tenemos la responsabilidad de no dejarlos “huérfanos digitales.” A los niños, niñas y adolescentes, es vital informarse sobre los riesgos y buenas prácticas para la educación del uso seguro de internet; ser “nativos digitales” también implica conocer los riesgos. Según las Naciones Unidas, el internet es un derecho, hagamos que los niños y jóvenes lo aprovechen con responsabilidad.

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Política Comunicada

Política Comunicada es un medio digital sobre innovación tecnológica y política en la gestión pública de los gobiernos locales Iberoamericanos.

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