Acceso a la Información: Un derecho en el Estado de Chile

Por José Miguel Donoso Trigo (@josemdonoso)

El Estado de Chile reconoce y concibe el acceso a la información pública como un derecho fundamental, pues permite disminuir los riesgos de corrupción, aumentar la transparencia en el ejercicio de la función pública, y servir como medio eficaz de participación ciudadana y de control ciudadano.

En el aparato estatal existen mecanismos de acceso a la información pública: la Ley N° 20.285 sobre el Acceso a la Información Pública, cuyo objetivo principal consiste en abrir la información de los organismos estatales a toda la ciudadanía; el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana instancia que coordina los espacios de atención ciudadana de los servicios públicos; y finalmente las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias los Procedimientos Administrativos que son un espacio de comunicación ciudadana que permite a cualquier persona entrar en contacto con los diferentes espacios de atención ciudadana.

José Miguel Donoso Trigo RR.PP, Diplomado en Comunicación Pública, Docente y experto en metodologías de Participación Ciudadana.  Twitter: @josemdonoso
José Miguel Donoso Trigo
RR.PP, Diplomado en Comunicación Pública, Docente y experto en metodologías de Participación Ciudadana.

Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública

El 20 de abril de 2009 marca un cambio importante en el acceso a la información pública, con la entrada en vigencia de la Ley Nº20.285, la primera que entrega un marco legal especial y que es conocida como la Ley de Acceso a la Información Pública o Ley de Transparencia.
En ella, se presume como pública toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado (salvo excepciones establecidas por leyes de quórum calificado), lo que incluye a ministerios, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. La Contraloría y el Banco Central, serán afectados sólo por algunas de las disposiciones de esta ley.

En lo particular, la Ley N° 20.285 define la información que los órganos y servicios públicos obligados deben mantener publicada de manera permanente en sus sitios web (transparencia activa); establece el procedimiento para ejercer el derecho a solicitar y acceder a información pública y su amparo y crea un organismo autónomo nuevo, el Consejo para la Transparencia, el que puede entre otras importantes tareas, fiscalizar a los entes obligados, vigilar el cumplimiento de la ley sobre datos personales, proponer normas generales sobre la materia y aplicar sanciones

La Ley N° 20.285 desarrolla este derecho bajo dos dimensiones, a saber:

Transparencia activa: El acceso permanente a información a través de los sitios web de los todos los organismos públicos.

Solicitud de Acceso a la Información: Es la materialización del derecho de acceso a la información. Los órganos de la administración del Estado deben responder a solicitudes realizadas de acuerdo a los requerimientos establecidos para tal efecto.

¿Cómo acceder?

Se puede consultar al organismo público a través de la página web institucional, para ello existen banner creados especialmente para cumplir este objetivo.

  • Además se puede realizar la consulta de manera presencial, para ello debe solicitar el formulario creado para tal efecto en cada organismo público.
    La solicitud debe contener:
    El nombre, apellido y dirección del solicitante, y de su apoderado en su caso.
    La identificación clara de la información que se requiere,
    La firma del solicitante (estampada por cualquier medio habilitado)
    El órgano administrativo al que se dirige.

Una vez entregada la solicitud, el servicio tiene un plazo de 20 días hábiles para dar respuesta. Sin embargo, el plazo podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros 10 días hábiles cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en que el órgano requerido debe comunicar al solicitante antes del vencimiento del plazo de los 20 días.

Una vez vencido el plazo para la entrega de información, denegada la petición el requirente te tiene derecho a recurrir al Consejo para la Transparencia, teniendo como plazo máximo 15 días hábiles contados desde el día en que se notifica la denegación de acceso a información o expira el plazo previsto para la entrega de información.

El Consejo notificará al servicio correspondiente y al tercero involucrado, si existiere, y ambos tienen 10 días hábiles para presentar sus descargos y adjuntar medios de prueba. La sentencia se dictará dentro de 5 días vencido el plazo para presentar descargos. Dicha sentencia es apelable ante la Corte de Apelaciones.
En caso de no cumplimiento injustificado de las normas de transparencia (Activa y Pasiva), la autoridad o jefatura o jefe de servicio puede ser sancionado con una multa de 20% a 50% de su remuneración.

Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana

Este sistema coordina los espacios de atención ciudadana de los organismos públicos, utilizando una moderna metodología de gestión, con procedimientos de derivación, sistemas de registro y sistematización de la información. De esta manera se busca facilitar la interacción entre el Estado y la ciudadanía mediante instrumentos de trabajo institucionales que responden a una mirada de Estado transparente, inclusiva y participativa.

¿Cómo acceder?

Se puede acceder a través los puntos presenciales, telefónicos o electrónicos, algunas veces estos espacios de atención pueden ser las oficinas móviles.

A través de estos espacios me informo sobre:

  • Servicios que presta cada repartición pública.
  • Requisitos y plazos para la tramitación de algún servicio.
  • Documentación y antecedentes que deben acompañar la solicitud.
  • Ubicación, competencia y horarios del organismo al cual pertenecen o de otras
  • Cuando encuentren dificultades en la tramitación de sus asuntos y requieran saber en qué estado de avance se encuentra su solicitud dentro del servicio.
  • Recibir y estudiar Sugerencias con el fin de mejorar el funcionamiento del servicio o la calidad de los productos que se
    Recibir, responder y/o derivar solicitudes ciudadanas.
  • Garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas puedan presentar sus solicitudes a las autoridades y recibir respuestas correctas y oportunas.

Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS)

La ley N° 19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, establece las normas particulares para los servicios públicos en el tratamiento de solicitudes de las personas en sus diferentes espacios de atención, tales como oficinas de información, reclamos y sugerencias, teléfonos de información, buzones presenciales o virtuales, móviles, centros de documentación u otro espacio que realice atención de público.
Precisamente ésta ley, regula el funcionamiento de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, cuya misión es ser un espacio de interacción y acceso de los ciudadanos con las reparticiones públicas, que contribuya a la conformación de un Estado moderno y al servicio de las personas.
Las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias se focalizan en garantizar el derecho de las personas a informarse, sugerir y reclamar, acerca de las diferentes materias que le competen a la institución.
Los organismos que se rigen por esta ley son todos los ministerios, servicios públicos, intendencias, gobernaciones, Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y las municipalidades.

Las tareas propias de ésta instancia son:

  • Informar sobre los servicios que presta la institución y requisitos para la prestación.
  • Formalidades para el acceso y plazos para la tramitación de la prestación.
  • Ubicación, competencia y horarios de la Institución y también, de otras entidades del aparato Gubernamental.
  • Recibir, y estudiar sugerencias.
  • Recibir, responder y/o derivar solicitudes ciudadanas.
  • Registrar las solicitudes de las personas.
  • Realizar Encuestas y Mediciones de los servicios prestados.
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Política Comunicada

Política Comunicada es un medio digital sobre innovación tecnológica y política en la gestión pública de los gobiernos locales Iberoamericanos.

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